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2°TERRORISMO MONTONERO EL1°CONTRA EL GOBIERNO,Y EL 2°CONTRA EL PAIS !!
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A Adry
2013-05-13 01:09:38 UTC
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2°TERRORISMO MONTONERO EL1°CONTRA EL GOBIERNO,Y EL 2°CONTRA EL
PAIS !!
Domingo 12 de mayo de 2013
Ante un terrorismo simbólico de Estado
=
Por Joaquin Morales Sol  
LA NACION
===== 
El país está flotando sobre una crisis institucional, latente y
peligrosa. La desataron funcionarios cristinistas que acorralan a los
jueces y al periodismo independiente. Un conflicto entre el Poder
Ejecutivo y el Poder Judicial es inminente. El Grupo Clarín podría
ser intervenido en las próximas horas y parte del paquete accionario
de Papel Prensa sería confiscado en pocas semanas. Es la expresión
más cabal del terrorismo simbólico de un Estado cuyas autoridades
nacieron democráticas.
La Argentina cristinista ya pertenece por derecho propio a un exótico
club de países latinoamericanos (Venezuela, Ecuador y Nicaragua, sobre
todo), que se propuso cambiar la cultura democrática, el sistema
políitico y las reglas del juego con votos conseguidos con otras
promesas.
Cuentan las pocas voces del oficialismo que hablan que fue Cristina
Kirchner, no otro funcionario, quien ordenó cada una de las cosas que
sucedieron en los últimos días. Algunos escribidores suyos, pocos,
son los encargados de darles luego a esas órdenes un relativo
contenido legal. La Presidenta está cada vez más aislada, perseguida
por la conspiración supuesta de muchos fantasmas, con poco dialogo
con sus propios funcionarios, acorralada por denuncias de corrupción y
sitiada por una crisis económica que sus ineptos colaboradores no
pueden resolver.
Ha decidido cambiar los jueces, los únicos que hasta ahora le han
puesto ciertos límites, y cerrarle la boca al periodismo
independiente, que exhibe el lado oscuro del cristinismo. Ese lado en el
que la Sierra Maestra de sus jóvenes naufraga entre euros mal habidos
y el blanqueo de dólares evadidos o corruptos. Resolvió sobrevivir
asestándole un golpe dosificado, pero constante, al Estado de Derecho.
La confiscación de acciones de Papel Prensa propuesta por los
diputados Carlos Kunkel y Diana Conti pasó, indudablemente, por la
autorización presidencial. Es el final de un largo proceso en el que
fracasaron todos los intentos anteriores del Gobierno para controlar la
única fábrica argentina de papel para diarios, propiedad mayoritaria
de los diarios LA NACION y Clarín.
Denuncias de delitos de lesa humanidad en el trámite de su compra
inicial que eran meras calumnias. Ningún juez avaló esas denuncias y
hasta los fiscales prokirchneristas se encontraron sin pruebas. Dos
intervenciones judiciales que terminaron con los interventores
enfrentados con Guillermo Moreno. Relevo de la conducción de la
Comisión Nacional de Valores para ejercer una insoportable presión
que tambión fue estéril. El propio Moreno le ofreció a LA NACION,
en su momento, la compra de sus acciones para que el Estado se hiciera
de la mayoría de la propiedad de la empresa papelera. Sin ningún
respaldo legal, el cristinismo está a punto de controlar la
producción nacional de papel para diarios y la importación de ese
insumo básico del periodismo gráfico.
El Gobierno no pudo conseguir nada por vías más o menos legales para
cumplir el viejo propósito de Moreno: Hay que bajarle el precio a
Papel Prensa y luego hacerla nuestra, dijo poco después de la primera
embestida contra la fábrica de papel, hace cuatro años. Es parecida
a una frase más reciente de Kunkel: No queremos matar al diario LA
NACION; lo queremos quebrado para comprarlo barato. Nadie puede negarles
coherencia ni precisión en el ejercicio político de la maldad:
están intentando ese proyecto con el cepo publicitario, con la
confiscación de Papel Prensa y con la persecución impositiva. En el
caso del Grupo Clarín, el Gobierno aplicaría la nueva ley de reforma
del mercado de capitales, que estableció que la Comisión Nacional de
Valores, controlada por el kirchnerismo, podría designar por sí sola
veedores en empresas que cotizan en Bolsa y, también, intervenir la
administración de esas empresas (es decir, los directorios) por 180
días. Los veedores tienen la facultad de vetar las decisiones de la
mayoría en nombre de la minoría de accionistas. En su reciente y
circense irrupción en la asamblea de ese grupo periodístico, Moreno
criticó al directorio por ineficiente, caro e improductivo. Fueron los
argumentos de una posterior intervención. Fuentes oficiales
confirmaron que veedores e interventores están siendo preparados para
desembarcar en Clarín. ¿Para qué lo harían? ¿Acaso sólo para
meter la mano en la caja de la empresa? Improbable. Las primeras
decisiones de esas eventuales intervenciones serían el desplazamiento
de Jorge Lanata, cuyas investigaciones desquiciaron a la Presidenta, y
el control kirchnerista de las redacciones del diario Clarín, de Canal
13, de TN y de Radio Mitre. Cristina Kirchner no le teme ya a la segura
reacción social que provocarán esas medidas ni a la casi unánime
crítica internacional que recibirá. Es una persona que ha decidido
ignorar los límites políticos e institucionales que objetivamente
tiene. Lo haría, además, justo en el momento de mayor decadencia en
las encuestas de opinión pública.
La última que recibió, de una conocida agencia de mediciones,
indicó que tanto ella como Daniel Scioli cayeron verticalmente en la
medición de simpatías en la provincia de Buenos Aires. Sólo Sergio
Massa conservó sus buenos índices de popularidad e intención de
votos, aunque Francisco de Narváez está ahora mejor que cualquier
candidato de Cristina. Una derrota en la provincia de Buenos Aires
hundiría definitivamente cualquier ilusión re-reeleccionista. La
enorme dosis de maldad tiene, en efecto, una innegable precisión. El
Congreso acaba de sancionar la ley que establece la elección popular
de los miembros del Consejo de la Magistratura. Cristina Kirchner
convocó a elecciones primarias abiertas para el 11 de agosto, pero no
dijo nada de los consejeros. Ella debe promulgar la ley del Congreso,
pero los jueces suponen que no lo hará. Esperará la promulgación
automática, que se producirá el 22 de mayo. Entre ese día y el 12
de junio, cuando vencerá el plazo para que se inscriban alianzas,
quedarán sólo catorce días hábiles para que la Justicia decida
sobre la constitucionalidad de esa decisión. El caso caerá en la
justicia electoral. El radicalismo prepara presentaciones simultáneas
ante 65 jueces federales de todo el país para pedir la
inconstitucionalidad de la ley. Otras organizaciones civiles y
profesionales harán lo mismo. Es probable que el Gobierno recurra a
recusaciones masivas de magistrados para estirar los tiempos. Será
decisiva la gestión que cumplirá la jueza electoral María Servini
de Cubría. Su primera sentencia será esencial para abrirle paso a la
segunda instancia, la Cámara Nacional Electoral, o para habilitar el
per saltum por parte de la Corte Suprema de Justicia. La declaratoria de
inconstitucionalidad de esa ley tiraría abajo el proyecto kirchnerista
de someter a los jueces y derrotar al Poder Judicial.
La reciente designación de jueces subrogantes mostró las intenciones
verdaderas del cristinismo. Hay juzgados vacantes en todo el país,
pero sólo nombró suplentes en dos cámaras. En la Cámara Federal
Civil y Comercial, que tenía el caso Clarín por la ley de medios, y
en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que deberá revisar la
investigación judicial sobre el empresario kirchnerista Lazaro Báez,
acusado de lavado de dinero. Uno de los designados fue abogado o
colaborador estrecho del propio Báez. Defensor, socio y juez al mismo
tiempo: el paraíso judicial. Una embrionaria revolución se está
produciendo, mientras tanto, contra la jefa de los fiscales, Alejandra
Gils Carbó, que cuestionó al fiscal Guillermo Marijuan el mismo
día en que éste había recibido dos serias amenazas contra él y
su familia. Ni una sola palabra de solidaridad. Gils Carbó fue
injusta; acusó a Marijuan de no investigar el caso de Hernán Arbizu,
un ex empleado del banco J. P. Morgan que denunció a varias empresas,
a Claí­n entre ellas, de evasión.
Al día siguiente, Marijuan le envió a Gils Carbó una voluminosa
carpeta con todos los requerimientos que hizo en el caso Arbizu. La
investigación se frenó cuando tropezó con la habitual reticencia
norteamericana para transferir información judicial. Arbizu está
prófugo de la justicia de los Estados Unidos por robo de dinero a los
clientes del banco.
Lo cierto es que Marijuan debía apelar un fallo que sobreseyó a Gils
Carbó por nombrar fiscales que no estaban debidamente designados. Lo
amenazaron para que no apelara contra su jefa ese increíble
sobreseimiento del flamante juez Sebastián Casanello. Todos los
fiscales de instrucción le propusieron a Marijuan firmar juntos la
apelación de una decisión que beneficiaba a su propia jefa. Fue el
principio de un enorme motín de fiscales que frenó a tiempo el
propio Marijuan.
Golpe tras golpe. Trampas sorpresivas. Aniquilamiento mediático,
legislativo o administrativo de los adversarios. ¿Quá es todo eso si
no la definición de un terrorismo simbólico de Estado?.
=====
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